Una mujer sufre un mareo en su domicilio.
Una mujer avisó el martes a los servicios de emergencia para que comprobasen que su hermana se encontraba bien, ya que esta no contestaba a las reiteradas llamadas que le hacía a su domicilio. La misma alertante llamó a emergencias poco después para avisar de que su hermana había sufrido un mareo sin importancia y que ya estaba recuperada.
Son apenas sesenta palabras. ¡Para qué más...! El Norte de Castilla sorprendió ayer a sus lectores con una noticia de alcance, de las que no dejan indiferentes a su paso. Además, en un servicial "2x1", el diario informó a sus usuarios a la vez que ofreció una lección gratis de periodismo. Resulta complicado imaginar un texto capaz de aglutinar todos los valores noticia que se enseñan en la Universidad en apenas un párrafo. Sublime. Para digerirlo, nada mejor que la ironía. Sin duda.
8 de julio de 2011
7 de julio de 2011
Lectura básica en la era de la imputación/acusación/...
En el especial "Debates del 15-M. Imputados en las listas", ElPaís publicó días atrás un texto de lectura recomendada en esta nueva era. Bajo el titular "Hay imputados... e imputados" y a través de dos ideas claves ("La opinión pública no entiende de denuncias falsas y condena como sospechosos a los citados por la justicia" y "La figura que garantiza derechos es un arma de doble filo"), el reportaje recoge opiniones de agentes protagonistas en el proceso, desde jueces hasta políticos pasando por catedráticos. Resulta revelador y muy pedagógico. Allá va.
Basta que un enemigo le atribuya un delito, falso o no, para que usted también englobe la millonaria lista de imputados que alimentan los tribunales españoles. Y entonces, aunque sea inocente, se convertirá a ojos de la mayoría en presunto culpable. Incluidos los indignados, en cuya proclama ocupa un lugar destacado la exclusión de los imputados de las listas electorales. Sin embargo, la figura del imputado en una conquista de la justicia más progresista. La polémica abierta tras la inclusión en los recientes comicios electorales de un centenar de imputados de los diferentes partidos en sus listas ha reabierto el debate sobre una figura jurídica socialmente “estigmatizada”, que paradójicamente resulta ser el mejor soporte de derechos y garantías de quienes se ven inmersos en un proceso penal.
Jueces, catedráticos de derecho y políticos coinciden en que, con independencia de la denominación, es fundamental mantener los beneficios inherentes a la imputación (derecho a declarar asistido de abogado, a guardar silencio y no decir la verdad, ser parte en el proceso, etc.). Pero ya han surgido voces que postulan su redefinición, ante el convencimiento de que hoy, en España, estar imputado es sinónimo de condena anticipada.
Hasta los integrantes del 15-M dudan. Pese a lo que figura en su proclama, Josua Serrano, uno de los exportavoces, se pregunta “si una imputación es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia”. En cambio, Lucía, activista y compañera de acampada, opina que una imputación sí es suficiente razón para excluir de una lista a un político, porque “no debe haber ni gota de duda sobre la responsabilidad de su trabajo”.
Fue Javier Arenas, presidente de los populares andaluces, quien alentó el debate de la redefinición ante una figura que fustiga la imagen de personas que luego resultan inocentes. Pero no todos los expertos comparten la tesis de la redefinición, porque hay imputados... e imputados. No es lo mismo el que es llamado por el juez para preguntarle si es cierto el delito que se le atribuye en una denuncia o querella, que aquel otro que es llamado bajo igual catalogación tras superar un contraste judicial previo.
Pero es tal la estigmatización de esta figura que el catedrático de Derecho Procesal Manuel Lozano defiende su redefinición para erradicar “el mal de las denominaciones”, postulando la búsqueda de “un equilibrio razonable entre los aspectos dañosos” del proceso y los que implican “beneficios al ciudadano”. Hoy por hoy, presenta dos caras, la garantista y la peyorativa, que despliega el efecto de “pena anticipada”, cuando el imputado, subraya, no es más que “alguien sujeto a indagación”. “Por favor, señor juez, no me defienda así”, ironiza el profesor Lozano. Es partidario de la creación de “figuras intermedias” que afinen y diluyan la actual connotación lesiva del término: sugiere, por ejemplo, cuasiimputado, investigado, testigo asistido…
Antes de instaurarse la imputación, la figura más cercana era la de procesado. Pero la profundidad, en cuanto a reproche penal, está deslindada. Cuando los periódicos aludían a un procesado, la lupa se situaba sobre alguien en quien previamente un juez había visto “sólidos indicios” de criminalidad. E inexorablemente le esperaba un juicio.
A diferencia del imputado prematuro, estar procesado era —sigue siendo— el final de una instrucción acordada por un juez tras oír a las partes, a los testigos y tras recabar las pruebas oportunas. Ahora se es imputado antes incluso de ser interrogado. “Salvo que la denuncia o querella sea manifiestamente falsa, y se archive, la inmensa mayoría se admiten y la opción legal de contraste que tiene el juez es otorgar a quien se atribuye el hecho los beneficios de la imputación, para que se defienda con ayuda de un abogado, e incluso mienta en su defensa”, argumenta el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix. Pero la realidad se impone, y el juez que necesariamente tiene que aplicar esa norma protectora frente a una eventual denuncia infundada, al mismo tiempo, le condena, sin querer, si el afectado es un personaje mediático. Le ocurrió recientemente, por ejemplo, a la atleta Marta Domínguez, cuya imputación por dopaje quedó en nada dos meses después.
Frente a quienes culpan y piden a la televisión y los periódicos un papel más aleccionador, Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, exculpa a los medios. “Hacen su papel y se ciñen a usar los términos que incluyen los jueces en sus resoluciones”. González Pons ve en la imputación una figura jurídica necesaria, una garantía. No perjudica, protege a los ciudadanos que se enfrentan a un proceso. “El problema somos los políticos, que debemos dejar de tirarnos a la cara páginas de periódicos con titulares sobre imputaciones como si fueran sentencias”. Matiza que habla a título particular, y agrega: “Tienen razón los socialistas cuando dicen que no todos los imputados son iguales y que debe diferenciarse la investigación y el procesamiento. Es bueno que los políticos seamos investigados. Es consustancial a la democracia, pero de ello no debe colegirse un estigma anticipado. Con Diego López Garrido utilicé una imputación judicial como si fuera una sentencia. Después el juez la sobreseyó. Me equivoqué”, reconoce. El prolijo uso de esta figura está guiando a algunos jueces a alterarla.
Francisco Monterde, el magistrado del Tribunal Supremo que durante un año instruyó una causa desgajada de Gürtel contra el ex tesorero y ex senador del PP Luis Barcenas y el exdiputado Jesús Merino, buscó una fórmula atenuada. Les citó a declarar como imputados provisionales.
Es un “invento procesal”, subraya Amparo Renedo, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Cantabria y autora del libro Los problemas del imputado en el proceso penal. Renedo destaca que el problema no radica en la imputación, que es “figura imprescindible”. “Hay que educar a la sociedad para que entienda lo que significa. El juez sabe que el imputado es un sospechoso. Y debe entenderse como posibilidad, ni siquiera como probabilidad, la atribución de un delito en su fase inicial”. No es partidaria de cambiar la denominación. Es una figura bien tratada en la ley, pero mal trasladada por los medios a la opinión pública. Cecilia Pazos, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), sostiene que en su país existe también la imputación con similar connotación. Y explica: “La condena social que se hace prima facie del imputado torna inaplicables los pilares del Estado de derecho, al vulnerar la presunción de inocencia”.
El catedrático de la Universidad Central de Barcelona, José Luis Vázquez Sotelo, asevera que la cualidad de imputado es fundamental porque solo él goza de los derechos constitucionales de permanecer callado o declarar solo en su defensa (sin juramento ni promesa de veracidad). Nuestra actual práctica procesal, añade Vázquez Sotelo, tiene dos graves deficiencias: permite que se pueda citar a declarar como testigo a un sospechoso bajo juramento o promesa de decir la verdad y después, si hay indicios, se le cambia su estatuto por el de imputación utilizando contra él la declaración prestada como testigo. A su vez, cuando los posteriores indicios de inocencia anulan los de inculpación inicial, en los medios se dice que “el juez decretó la libertad sin cargos”, pero sin una resolución judicial que defina con certeza su inocencia. El sistema inicial de la ley con el auto de procesamiento y su posible revocación posterior era técnicamente muy superior antes de las reformas legales, razona. Y concluye: “El drama de que en una sociedad de comunicación personas inocentes sufran inculpaciones sin fundamento y sufran por ello es inevitable. Antiguamente había el tormento, que no era propiamente una pena, sino solo un medio de escudriñamiento o averiguación aplicando terribles sufrimientos. En la justicia penal de nuestros días aquel tormento físico ha sido reemplazado por la “difamatio” en los medios. En este contexto está la “pena del telediario aunque se acabe demostrando que carecían de fundamento”.
El decano de los jueces de Madrid, José Luis González Armengol, también sostiene que es una figura no extinguible. Y discrepa de que la mera imputación de un delito derive en la exclusión de alguien de listas electorales. Si se da esa carta de naturaleza a esta figura, puede darse el caso, perverso, fraudulento, de que una simple denuncia contra un rival político le apee de una lista. El fiscal Moix coincide, con matices, con el decano: “Hay partidos que se decantan por la pureza extrema de sus listas, olvidando que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario”. En Alemania, por ejemplo, el único impedimento para ser candidato es haber sido privado de este derecho por un tribunal penal. El politólogo Gero Neugebauer recordaba ayer dos casos contrapuestos: el del parlamentario de Renania-Palatinado Michael Billen (CDU), imputado por haber obtenido de su hija, funcionaria policial, expedientes sobre rivales socialdemócratas (SPD). Billen se negó a dejar el mando pese a las presiones de la cúpula democristiana y se presentó con éxito a las elecciones de este año. En Brandeburgo, en cambio, el ministro de Interior Rainer Speer (SPD) fue forzado a dimitir por imputaciones de prevaricación.
Finalmente, el vocal del CGPJ Félix Azón opina que si instruyen los fiscales, los afectados figurarán como acusados y eso podría disminuir un problema que suscita tantas voces a favor como en contra.
Basta que un enemigo le atribuya un delito, falso o no, para que usted también englobe la millonaria lista de imputados que alimentan los tribunales españoles. Y entonces, aunque sea inocente, se convertirá a ojos de la mayoría en presunto culpable. Incluidos los indignados, en cuya proclama ocupa un lugar destacado la exclusión de los imputados de las listas electorales. Sin embargo, la figura del imputado en una conquista de la justicia más progresista. La polémica abierta tras la inclusión en los recientes comicios electorales de un centenar de imputados de los diferentes partidos en sus listas ha reabierto el debate sobre una figura jurídica socialmente “estigmatizada”, que paradójicamente resulta ser el mejor soporte de derechos y garantías de quienes se ven inmersos en un proceso penal.
Jueces, catedráticos de derecho y políticos coinciden en que, con independencia de la denominación, es fundamental mantener los beneficios inherentes a la imputación (derecho a declarar asistido de abogado, a guardar silencio y no decir la verdad, ser parte en el proceso, etc.). Pero ya han surgido voces que postulan su redefinición, ante el convencimiento de que hoy, en España, estar imputado es sinónimo de condena anticipada.
Hasta los integrantes del 15-M dudan. Pese a lo que figura en su proclama, Josua Serrano, uno de los exportavoces, se pregunta “si una imputación es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia”. En cambio, Lucía, activista y compañera de acampada, opina que una imputación sí es suficiente razón para excluir de una lista a un político, porque “no debe haber ni gota de duda sobre la responsabilidad de su trabajo”.
Fue Javier Arenas, presidente de los populares andaluces, quien alentó el debate de la redefinición ante una figura que fustiga la imagen de personas que luego resultan inocentes. Pero no todos los expertos comparten la tesis de la redefinición, porque hay imputados... e imputados. No es lo mismo el que es llamado por el juez para preguntarle si es cierto el delito que se le atribuye en una denuncia o querella, que aquel otro que es llamado bajo igual catalogación tras superar un contraste judicial previo.
Pero es tal la estigmatización de esta figura que el catedrático de Derecho Procesal Manuel Lozano defiende su redefinición para erradicar “el mal de las denominaciones”, postulando la búsqueda de “un equilibrio razonable entre los aspectos dañosos” del proceso y los que implican “beneficios al ciudadano”. Hoy por hoy, presenta dos caras, la garantista y la peyorativa, que despliega el efecto de “pena anticipada”, cuando el imputado, subraya, no es más que “alguien sujeto a indagación”. “Por favor, señor juez, no me defienda así”, ironiza el profesor Lozano. Es partidario de la creación de “figuras intermedias” que afinen y diluyan la actual connotación lesiva del término: sugiere, por ejemplo, cuasiimputado, investigado, testigo asistido…
Antes de instaurarse la imputación, la figura más cercana era la de procesado. Pero la profundidad, en cuanto a reproche penal, está deslindada. Cuando los periódicos aludían a un procesado, la lupa se situaba sobre alguien en quien previamente un juez había visto “sólidos indicios” de criminalidad. E inexorablemente le esperaba un juicio.
A diferencia del imputado prematuro, estar procesado era —sigue siendo— el final de una instrucción acordada por un juez tras oír a las partes, a los testigos y tras recabar las pruebas oportunas. Ahora se es imputado antes incluso de ser interrogado. “Salvo que la denuncia o querella sea manifiestamente falsa, y se archive, la inmensa mayoría se admiten y la opción legal de contraste que tiene el juez es otorgar a quien se atribuye el hecho los beneficios de la imputación, para que se defienda con ayuda de un abogado, e incluso mienta en su defensa”, argumenta el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix. Pero la realidad se impone, y el juez que necesariamente tiene que aplicar esa norma protectora frente a una eventual denuncia infundada, al mismo tiempo, le condena, sin querer, si el afectado es un personaje mediático. Le ocurrió recientemente, por ejemplo, a la atleta Marta Domínguez, cuya imputación por dopaje quedó en nada dos meses después.
Frente a quienes culpan y piden a la televisión y los periódicos un papel más aleccionador, Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, exculpa a los medios. “Hacen su papel y se ciñen a usar los términos que incluyen los jueces en sus resoluciones”. González Pons ve en la imputación una figura jurídica necesaria, una garantía. No perjudica, protege a los ciudadanos que se enfrentan a un proceso. “El problema somos los políticos, que debemos dejar de tirarnos a la cara páginas de periódicos con titulares sobre imputaciones como si fueran sentencias”. Matiza que habla a título particular, y agrega: “Tienen razón los socialistas cuando dicen que no todos los imputados son iguales y que debe diferenciarse la investigación y el procesamiento. Es bueno que los políticos seamos investigados. Es consustancial a la democracia, pero de ello no debe colegirse un estigma anticipado. Con Diego López Garrido utilicé una imputación judicial como si fuera una sentencia. Después el juez la sobreseyó. Me equivoqué”, reconoce. El prolijo uso de esta figura está guiando a algunos jueces a alterarla.
Francisco Monterde, el magistrado del Tribunal Supremo que durante un año instruyó una causa desgajada de Gürtel contra el ex tesorero y ex senador del PP Luis Barcenas y el exdiputado Jesús Merino, buscó una fórmula atenuada. Les citó a declarar como imputados provisionales.
Es un “invento procesal”, subraya Amparo Renedo, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Cantabria y autora del libro Los problemas del imputado en el proceso penal. Renedo destaca que el problema no radica en la imputación, que es “figura imprescindible”. “Hay que educar a la sociedad para que entienda lo que significa. El juez sabe que el imputado es un sospechoso. Y debe entenderse como posibilidad, ni siquiera como probabilidad, la atribución de un delito en su fase inicial”. No es partidaria de cambiar la denominación. Es una figura bien tratada en la ley, pero mal trasladada por los medios a la opinión pública. Cecilia Pazos, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), sostiene que en su país existe también la imputación con similar connotación. Y explica: “La condena social que se hace prima facie del imputado torna inaplicables los pilares del Estado de derecho, al vulnerar la presunción de inocencia”.
El catedrático de la Universidad Central de Barcelona, José Luis Vázquez Sotelo, asevera que la cualidad de imputado es fundamental porque solo él goza de los derechos constitucionales de permanecer callado o declarar solo en su defensa (sin juramento ni promesa de veracidad). Nuestra actual práctica procesal, añade Vázquez Sotelo, tiene dos graves deficiencias: permite que se pueda citar a declarar como testigo a un sospechoso bajo juramento o promesa de decir la verdad y después, si hay indicios, se le cambia su estatuto por el de imputación utilizando contra él la declaración prestada como testigo. A su vez, cuando los posteriores indicios de inocencia anulan los de inculpación inicial, en los medios se dice que “el juez decretó la libertad sin cargos”, pero sin una resolución judicial que defina con certeza su inocencia. El sistema inicial de la ley con el auto de procesamiento y su posible revocación posterior era técnicamente muy superior antes de las reformas legales, razona. Y concluye: “El drama de que en una sociedad de comunicación personas inocentes sufran inculpaciones sin fundamento y sufran por ello es inevitable. Antiguamente había el tormento, que no era propiamente una pena, sino solo un medio de escudriñamiento o averiguación aplicando terribles sufrimientos. En la justicia penal de nuestros días aquel tormento físico ha sido reemplazado por la “difamatio” en los medios. En este contexto está la “pena del telediario aunque se acabe demostrando que carecían de fundamento”.
El decano de los jueces de Madrid, José Luis González Armengol, también sostiene que es una figura no extinguible. Y discrepa de que la mera imputación de un delito derive en la exclusión de alguien de listas electorales. Si se da esa carta de naturaleza a esta figura, puede darse el caso, perverso, fraudulento, de que una simple denuncia contra un rival político le apee de una lista. El fiscal Moix coincide, con matices, con el decano: “Hay partidos que se decantan por la pureza extrema de sus listas, olvidando que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario”. En Alemania, por ejemplo, el único impedimento para ser candidato es haber sido privado de este derecho por un tribunal penal. El politólogo Gero Neugebauer recordaba ayer dos casos contrapuestos: el del parlamentario de Renania-Palatinado Michael Billen (CDU), imputado por haber obtenido de su hija, funcionaria policial, expedientes sobre rivales socialdemócratas (SPD). Billen se negó a dejar el mando pese a las presiones de la cúpula democristiana y se presentó con éxito a las elecciones de este año. En Brandeburgo, en cambio, el ministro de Interior Rainer Speer (SPD) fue forzado a dimitir por imputaciones de prevaricación.
Finalmente, el vocal del CGPJ Félix Azón opina que si instruyen los fiscales, los afectados figurarán como acusados y eso podría disminuir un problema que suscita tantas voces a favor como en contra.
6 de julio de 2011
Boca cerrada, pero digna
Una de buenas intenciones. La FAPE y la APM han publicado un documento que recoge recomendaciones para la señalización de las ruedas de prensa sin preguntas. Además, han creado un icono identificativo (diseño de Fernando Pérez) para denunciar las conferencias de prensa en las que no se admiten preguntas para los medios escritos, digitales y televisiones, al igual que un icono identificativo sonoro para su utilización en las radios. El manifiesto contra las ruedas de prensa sin preguntas, señala la FAPE, cuenta ya con más de 10.000 firmas individuales, entre ellas, las de 7.000 periodistas. Además, más de 90 medios de comunicación se han adherido a la iniciativa y unas 80 organizaciones profesionales.
La teoría, se puede ver, está asentada en la profesión. Ahora sólo falta que se lleve a la práctica. ¿Cuántos medios rechazan acudir a una intervención de un personaje público si no hay preguntas por medio? ¿Cuántos medios no estuvieron ayer en la ‘rueda’ de Caco Senante, portavoz de la Junta Directiva de la SGAE?
Como consecuencia, dice la FAPE y la APM, de la campaña de la profesión periodística contra la práctica de convocar ruedas de prensa en las que no se admiten preguntas, ambos organismos proponen:
1.- No se puede llamar conferencia de prensa al acto informativo que no incluya turno de preguntas. No se puede convocar con el formato “rueda de prensa” lo que, en realidad, no lo es.
2.- Sin la posibilidad de preguntar, el formato es de “declaración”, y esta circunstancia debe advertirse previamente para que los periodistas valoren atenderlo o no.
3.- Ante este tipo de prácticas, los periodistas deben hacer constar en sus informaciones en lugar preferente el formato y las circunstancias de cada caso, y colocar en icono identificativo de #sinpreguntasnocobertura. También las preguntas que hubieran querido formular y no les fueron admitidas.
4.- El periodista puede advertir en su información, como dato relevante para el ciudadano, que el personaje de la información no suele admitir preguntas, cuando así sea, y colocar el icono identificativo de #sinpreguntasnocobertura.
5.- Los tiempos dedicados a preguntas deben ser suficientes, en ningún caso discriminatorios. La información mejora cuando existe posibilidad de repreguntar.
6.- El seguimiento del hábito de no admitir preguntas por parte de algunos personajes públicos puede permitir crear una lista pública de resistentes y enemigos de responder.
7.- Las notas de prensa y las imágenes facilitadas por la fuente de la información deben llegar a los ciudadanos con precisión de data, procedencia y contexto. No debe pasar como propio lo que sea material de la fuente.
En ese propósito de acabar con las mal llamadas ruedas de prensa sin preguntas, la Federación de Asociaciones de la Prensa y la Asociación madrileña apuestan por elaborar un listado público de personajes que no admiten preguntas en sus comparecencias ante la prensa.
Total, se cambiará el nombre a las ruedas sin preguntas. Luego, se avisará de que es una conferencia de prensa, aunque los periodistas asistirán igual. Entre poco y nada, elegirán poco. Además, el periodista reseñará en su texto cuáles serían las preguntas que hubiera hecho… o las que dice que habría hecho. ¿Quién controlará a esos cobardes que se pondrán medallas que no les corresponden? Y por último, se colocará el icono identificativo, que ayudará a recuperar la credibilidad perdida en la profesión. Que todo sea por la dignidad del periodismo... Sin embargo, la realidad es una: el escepticismo campa a sus anchas en las redacciones y el optimismo, por contra, se asienta entre los que redactan manifiestos... Parece insuficiente.
La teoría, se puede ver, está asentada en la profesión. Ahora sólo falta que se lleve a la práctica. ¿Cuántos medios rechazan acudir a una intervención de un personaje público si no hay preguntas por medio? ¿Cuántos medios no estuvieron ayer en la ‘rueda’ de Caco Senante, portavoz de la Junta Directiva de la SGAE?
Como consecuencia, dice la FAPE y la APM, de la campaña de la profesión periodística contra la práctica de convocar ruedas de prensa en las que no se admiten preguntas, ambos organismos proponen:
1.- No se puede llamar conferencia de prensa al acto informativo que no incluya turno de preguntas. No se puede convocar con el formato “rueda de prensa” lo que, en realidad, no lo es.
2.- Sin la posibilidad de preguntar, el formato es de “declaración”, y esta circunstancia debe advertirse previamente para que los periodistas valoren atenderlo o no.
3.- Ante este tipo de prácticas, los periodistas deben hacer constar en sus informaciones en lugar preferente el formato y las circunstancias de cada caso, y colocar en icono identificativo de #sinpreguntasnocobertura. También las preguntas que hubieran querido formular y no les fueron admitidas.
4.- El periodista puede advertir en su información, como dato relevante para el ciudadano, que el personaje de la información no suele admitir preguntas, cuando así sea, y colocar el icono identificativo de #sinpreguntasnocobertura.
5.- Los tiempos dedicados a preguntas deben ser suficientes, en ningún caso discriminatorios. La información mejora cuando existe posibilidad de repreguntar.
6.- El seguimiento del hábito de no admitir preguntas por parte de algunos personajes públicos puede permitir crear una lista pública de resistentes y enemigos de responder.
7.- Las notas de prensa y las imágenes facilitadas por la fuente de la información deben llegar a los ciudadanos con precisión de data, procedencia y contexto. No debe pasar como propio lo que sea material de la fuente.
En ese propósito de acabar con las mal llamadas ruedas de prensa sin preguntas, la Federación de Asociaciones de la Prensa y la Asociación madrileña apuestan por elaborar un listado público de personajes que no admiten preguntas en sus comparecencias ante la prensa.
Total, se cambiará el nombre a las ruedas sin preguntas. Luego, se avisará de que es una conferencia de prensa, aunque los periodistas asistirán igual. Entre poco y nada, elegirán poco. Además, el periodista reseñará en su texto cuáles serían las preguntas que hubiera hecho… o las que dice que habría hecho. ¿Quién controlará a esos cobardes que se pondrán medallas que no les corresponden? Y por último, se colocará el icono identificativo, que ayudará a recuperar la credibilidad perdida en la profesión. Que todo sea por la dignidad del periodismo... Sin embargo, la realidad es una: el escepticismo campa a sus anchas en las redacciones y el optimismo, por contra, se asienta entre los que redactan manifiestos... Parece insuficiente.
Noticiable o frivolidad, publicar o callar...
Despierto esta mañana con Leire Pajín como Trending Topic en Twitter. Cada día, el popular microblogging ya considerado una red social más me sorprende con un inesperado nombre (como mínimo) entre los preferidos por los usuarios en sus comentarios. La polémica con Leire Pajín giraba en torno a Pedro Jota Ramírez. Primero pensé que sería cualquier ataque a la ministra de Sanidad, hasta que pronto comprobé que controversia nada tenía que ver con su cargo en el Ejecutivo… O sí. El debate ponía sobre la mesa la conveniencia de publicar unas fotos de Pajín, en biquini, tomadas durante sus vacaciones en Menorca. Luego, sin embargo, la discusión se centró en el uso preferencial de unas instalaciones reservadas para funcionarios. Otro asunto, por supuesto, mucho más interesante que el modelito usado por la ministra para tomar el sol en su periodo vacacional.
A primera hora de la mañana, los tuiteros mostraban su conformidad o disconformidad ante la decisión de El Mundo de publicar las imágenes –“robadas”– al hilo de una pregunta formulada por el director del diario. Había de todo. La mayoría de las respuestas revelaban un claro tufillo ideológico. Las otras defendían, con argumentos muy loables, una postura (“Sí, porque…” o “No, ya que…). De las que apostaban por publicar las imágenes, eso sí, ninguna me convenció. Aparte del morbo, ¿qué aporta ver a una ministra paseando en bikini por una playa? No comía bollería industrial ni tampoco fumaba a escondidas. No había nada que reprocharle. ¿Qué se le puede criticar? ¿Que no tiene un cuerpo escultural…? Tampoco accedió a su despacho en el Ministerio por lucir palmito. No sé sabe a ciencia cierta qué méritos atesora para llegar, pero nadie discute que su físico tuviera una mínima incidencia. Entonces, ¿para qué queremos esas imágenes? ¿Con qué objetivo periodístico se publican? ¿Qué aporta al lector ver a Pajín caminando por la arena? Nada. Sólo fomentan el critiqueo y los comentarios inapropiados.
Otra cosa, pienso, sucedió con el frustrado fichaje de Zubikarai. El portero de la Real Sociedad anduvo días atrás en la órbita del Hércules. De hecho, la cesión del jugador estuvo a punto de concretarse… hasta que su nombre saltó a las páginas de los periódicos. En un primer momento, los diarios publicaron el interés de la entidad blanquiazul por hacerse con los servicios (toma tópico) del guardameta vasco para la próxima temporada. Pero ninguno fue más allá. Nadie se atrevió (o consideró oportuno) entrar en el pasado (y presente) de Zubikarai. Sin embargo, el debate sí saltó de inmediato a la calle. Los foros, redes sociales y blogs recogieron la trayectoria personal del portero, dejando de lado sus méritos o deméritos deportivos. De nuevo, las cuestiones extradeportivas lideraban las conversaciones de los aficionados. Ya no estaban en la diana Drenthe ni Trezeguet, ahora los dardos iban dirigidos al meta suplente de la Real Sociedad. Pocos acertaban a pronunciar/escribir con acierto su nombre. Pero daba igual, hablaban del ‘hijo de etarra’. Porque su padre, encarcelado en una prisión alicantina, cumple condena por asesinar a dos guardias civiles. Podía ser un hecho (!) aislado, pero nada más lejos de la realidad. Su madre también pasó por dependencias policiales, tras ser detenida por vinculación con un comando terrorista. Y el propio futbolista, según recogen las hemerotecas, nunca ha tenido reparos en mostrar su apoyo a la causa: manifiestos, concentraciones y peticiones de libertad para presos varios.
Y en esta situación… ¿qué deben hacer los medios? Hablar o callar. Explicar los condicionantes que envuelven al jugador… o centrarse únicamente en sus intervenciones por partido, sus operaciones de hombro y su agilidad bajo palos. Yo, lo reconozco, nunca tuve dudas. En conversaciones con otros compañeros, siempre aposté por publicar cualquier cuestión que pudiera obstaculizar el desarrollo de su actividad profesional. Y sí, mantener una clara posición en el conflicto vasco y tener a un padre en prisión (más de dos décadas) por el asesinato de dos guardias civiles… interfiere. Más, cuando tu trabajo se expone al juicio de miles de personas. Más, si nunca has vestido otra camiseta que no sea la blanquiazul de la Real Sociedad. Intentar separar, en este caso, las cuestiones personales de las profesionales, creo, supone una adulteración de la realidad. De hecho, el fuerte rechazo que provocó entre los aficionados (que mostraron su disconformidad en comentarios en los digitales, en foros, redes sociales…) dilapidó el fichaje de Zubikarai. El club lo niega, sin creérselo y con la boca pequeña. Pero nada habría sido de esa marea de críticas, de haber sido por las informaciones recogidas en los medios locales. Nadie hubiera conocido la mochila con la que carga el portero realista.
¿Qué se debió hacer en este caso? Sin ostentación y sin ánimo de amarillismo, apuesto a que elaborar un perfil del jugador habría colmado el interés informativo de la afición, que se vio obligada a recurrir a los buscadores de noticias para conocer la ‘cara b’ del jugador. No era información privilegiada ni exclusiva de por medio, la biografía de Zubikarai ya había manchado páginas y páginas de diarios en los últimos años… En Alicante, por el contrario, lo hizo cuando la historia ya tenía punto final. Discrepé y me sentí bastante sola en mi alegato, pero lo volvería a hacer. No contemplo que un lector deba teclear “Zubikarai” en Google para conocer una sentencia judicial que condenó al padre del jugador por asesinato y que marcó su vida desde la infancia. Ahí sí hay noticia: no hay frivolidad como en el bikini de Pajín y sí una información que truncó su fichaje por el Hércules. Se puede cerrar los ojos, pero los lectores te los acaban por abrir. Y no está el patio como para delegar en otros.
A primera hora de la mañana, los tuiteros mostraban su conformidad o disconformidad ante la decisión de El Mundo de publicar las imágenes –“robadas”– al hilo de una pregunta formulada por el director del diario. Había de todo. La mayoría de las respuestas revelaban un claro tufillo ideológico. Las otras defendían, con argumentos muy loables, una postura (“Sí, porque…” o “No, ya que…). De las que apostaban por publicar las imágenes, eso sí, ninguna me convenció. Aparte del morbo, ¿qué aporta ver a una ministra paseando en bikini por una playa? No comía bollería industrial ni tampoco fumaba a escondidas. No había nada que reprocharle. ¿Qué se le puede criticar? ¿Que no tiene un cuerpo escultural…? Tampoco accedió a su despacho en el Ministerio por lucir palmito. No sé sabe a ciencia cierta qué méritos atesora para llegar, pero nadie discute que su físico tuviera una mínima incidencia. Entonces, ¿para qué queremos esas imágenes? ¿Con qué objetivo periodístico se publican? ¿Qué aporta al lector ver a Pajín caminando por la arena? Nada. Sólo fomentan el critiqueo y los comentarios inapropiados.
Otra cosa, pienso, sucedió con el frustrado fichaje de Zubikarai. El portero de la Real Sociedad anduvo días atrás en la órbita del Hércules. De hecho, la cesión del jugador estuvo a punto de concretarse… hasta que su nombre saltó a las páginas de los periódicos. En un primer momento, los diarios publicaron el interés de la entidad blanquiazul por hacerse con los servicios (toma tópico) del guardameta vasco para la próxima temporada. Pero ninguno fue más allá. Nadie se atrevió (o consideró oportuno) entrar en el pasado (y presente) de Zubikarai. Sin embargo, el debate sí saltó de inmediato a la calle. Los foros, redes sociales y blogs recogieron la trayectoria personal del portero, dejando de lado sus méritos o deméritos deportivos. De nuevo, las cuestiones extradeportivas lideraban las conversaciones de los aficionados. Ya no estaban en la diana Drenthe ni Trezeguet, ahora los dardos iban dirigidos al meta suplente de la Real Sociedad. Pocos acertaban a pronunciar/escribir con acierto su nombre. Pero daba igual, hablaban del ‘hijo de etarra’. Porque su padre, encarcelado en una prisión alicantina, cumple condena por asesinar a dos guardias civiles. Podía ser un hecho (!) aislado, pero nada más lejos de la realidad. Su madre también pasó por dependencias policiales, tras ser detenida por vinculación con un comando terrorista. Y el propio futbolista, según recogen las hemerotecas, nunca ha tenido reparos en mostrar su apoyo a la causa: manifiestos, concentraciones y peticiones de libertad para presos varios.
Y en esta situación… ¿qué deben hacer los medios? Hablar o callar. Explicar los condicionantes que envuelven al jugador… o centrarse únicamente en sus intervenciones por partido, sus operaciones de hombro y su agilidad bajo palos. Yo, lo reconozco, nunca tuve dudas. En conversaciones con otros compañeros, siempre aposté por publicar cualquier cuestión que pudiera obstaculizar el desarrollo de su actividad profesional. Y sí, mantener una clara posición en el conflicto vasco y tener a un padre en prisión (más de dos décadas) por el asesinato de dos guardias civiles… interfiere. Más, cuando tu trabajo se expone al juicio de miles de personas. Más, si nunca has vestido otra camiseta que no sea la blanquiazul de la Real Sociedad. Intentar separar, en este caso, las cuestiones personales de las profesionales, creo, supone una adulteración de la realidad. De hecho, el fuerte rechazo que provocó entre los aficionados (que mostraron su disconformidad en comentarios en los digitales, en foros, redes sociales…) dilapidó el fichaje de Zubikarai. El club lo niega, sin creérselo y con la boca pequeña. Pero nada habría sido de esa marea de críticas, de haber sido por las informaciones recogidas en los medios locales. Nadie hubiera conocido la mochila con la que carga el portero realista.
¿Qué se debió hacer en este caso? Sin ostentación y sin ánimo de amarillismo, apuesto a que elaborar un perfil del jugador habría colmado el interés informativo de la afición, que se vio obligada a recurrir a los buscadores de noticias para conocer la ‘cara b’ del jugador. No era información privilegiada ni exclusiva de por medio, la biografía de Zubikarai ya había manchado páginas y páginas de diarios en los últimos años… En Alicante, por el contrario, lo hizo cuando la historia ya tenía punto final. Discrepé y me sentí bastante sola en mi alegato, pero lo volvería a hacer. No contemplo que un lector deba teclear “Zubikarai” en Google para conocer una sentencia judicial que condenó al padre del jugador por asesinato y que marcó su vida desde la infancia. Ahí sí hay noticia: no hay frivolidad como en el bikini de Pajín y sí una información que truncó su fichaje por el Hércules. Se puede cerrar los ojos, pero los lectores te los acaban por abrir. Y no está el patio como para delegar en otros.
3 de julio de 2011
Una lección de vida
Son apenas diez minutos de video. Un magistral corto que debería ser proyectado (y reproyectado) en los colegios para que los niños, y no tan niños, abrieran los ojos y recuperasen valores ya olvidados. Una lección de vida, donde se recuerda que no siempre se puede ganar y que, en ocasiones, tan sólo participar ya es un rotundo éxito. Son diez minutos, sí, pero suficientes para esbozar muchas sonrisas. También hay tiempo para reflexionar acerca de la constante presión y excesiva competitividad que se inculca cada vez a edades más tempranas.
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